La asociación considera «desproporcionada» la nueva exigencia de la Generalitat y advierte de que pone en riesgo la labor de la prensa de proximidad en plena actualidad informativa
SempreValencia/ @semvalencia
La Asociación de Medios Digitales de la Comunitat Valenciana (AMDComVal) ha mostrado su rechazo al tercer requerimiento consecutivo emitido por la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) dentro de la convocatoria de ayudas al fomento del valenciano en medios de comunicación privados correspondiente al ejercicio 2026.
La entidad considera que la nueva solicitud administrativa supone una carga «desproporcionada» para los medios digitales valencianos y anuncia que se reserva el ejercicio de acciones legales para defender los intereses de sus asociados.
Un nuevo requerimiento en pleno periodo vacacional
El requerimiento, publicado el 30 de julio de 2026, afecta a decenas de medios digitales de toda la Comunitat Valenciana y obliga a presentar, en un plazo de diez días hábiles, una relación detallada de al menos 1.000 noticias publicadas en valenciano, indicando de forma individualizada el título, la sección, la fecha de publicación y el enlace directo a cada contenido.
Desde AMDComVal consideran que el calendario elegido resulta especialmente perjudicial para un sector formado mayoritariamente por pequeñas empresas y autónomos.
Según la asociación, la publicación del requerimiento a las puertas del mes de agosto obliga a reorganizar plantillas y recursos durante el periodo de menor capacidad operativa del año.
«Una exigencia que no apareció en los requerimientos anteriores»
La asociación recuerda que este es ya el tercer requerimiento sobre los mismos expedientes, después de los publicados los días 2 y 4 de junio de 2026.
AMDComVal considera «cuando menos sospechoso» que la exigencia de aportar un listado de mil noticias con sección y fecha individualizada no figurara en ninguno de los dos requerimientos anteriores, pese a que la Administración ya había revisado los mismos expedientes y había solicitado otras subsanaciones.
En este sentido, la entidad cuestiona la planificación y el rigor técnico con el que se está gestionando la convocatoria.
Riesgo para la información de proximidad
La asociación advierte de que esta nueva carga administrativa afecta directamente a la capacidad informativa de numerosos medios locales.
AMDComVal sostiene que muchos periódicos digitales deberán destinar buena parte de sus reducidos equipos a elaborar la documentación exigida, dejando de cubrir asuntos de actualidad que afectan directamente a la ciudadanía.
Como ejemplo, cita la cobertura del incendio forestal declarado estos días en la Vall d’Uixó, cuya información podría verse perjudicada por la obligación de atender el requerimiento administrativo.
Para la asociación, resulta «inaceptable» que una convocatoria destinada a fomentar el uso del valenciano en los medios termine restando recursos precisamente a la información de proximidad que pretende proteger.
Acciones legales y petición al president de la Generalitat
AMDComVal anuncia que respaldará a todos aquellos medios asociados que decidan defender sus derechos por la vía administrativa o judicial y estudiará la adopción de las acciones legales que considere oportunas frente a la gestión de la convocatoria.
Asimismo, la entidad lamenta que el traspaso de las competencias de política lingüística a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència no haya supuesto, a su juicio, una mejora en la gestión administrativa.
Por ello, solicita al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que impulse una revisión de los criterios y de los plazos aplicados en estas ayudas, con el objetivo de garantizar una gestión más eficaz, proporcionada y adaptada a la realidad del sector.
Compromiso con el valenciano
La Asociación de Medios Digitales de la Comunitat Valenciana concluye reiterando su compromiso con la promoción del valenciano en los medios de comunicación y con la defensa del periodismo de proximidad, al tiempo que confía en abrir una vía de diálogo con la Administración sin renunciar a la defensa de los derechos de sus asociados.
